Intervención en el Corregimiento de La Chorrera, Municipio de Leticia,

Comisaría del Amazonas, al hacer entrega del "Predio Putumayo" a las Comunidades Indígenas.

La Chorrera, abril 23 de 1988

Señores Gobernadores Indígenas

Señores Ministros del Despacho

Señores Senadores

Señor Almirante Comandante del CUS

Señor Jefe de Dainco

Señores Gerentes de la Caja Agraria, del Inderena y del Incora,

Señores Representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia

Autoridades indígenas, civiles, eclesiásticas y militares

Compatriotas

Ha bitikwe. Ñúefue, úa rafúe, ómoimo yoitikwe: ikoiri, omói énie, ha órnoie.

La historia del Predio Putumayo es la historia del país, íntimamente ligada a la de las relaciones colombo-peruanas y particularmente referida a cuestiones fronterizas.

Grupos indígenas lo han mantenido y conservado, dentro de su particularísima sabiduría ancestral sobre manejo de la naturaleza, durante todos los años de su existencia; aún con demérito de su casta y con merma de su número, por razón de los injustos ataques de todo orden, los indígenas están aquí y el predio los ha acogido y alimentado: tierra e indígenas se pertenecen. Esta es, pues, la razón para que el Estado Colombiano haya dispuesto reconocer formalmente a los indígenas la condición de propietarios, bajo la modalidad de Resguardos, del Predio Putumayo. Para que la realidad milenaria de la Posesión reciba el ingrediente formal de la titularidad del dominio; para que ellos busquen y obtengan la seguridad del bienestar; para que así, el Predio se conserve en beneficio del ecosistema.

Resulta bien propicia la oportunidad que tenemos en el día de hoy, en el que tiene lugar un importante acontecer nacional, para reseñar los lineamientos generales de una política gubernamental respecto de los indígenas y señalar los compromisos en desarrollo de ella.

Principios básicos

El Gobierno Nacional es consciente de que la política del Estado Colombiano, en cuanto a los indígenas, se ha fundamentado en los siguientes principios básicos que han orientado la legislación expedida hasta la fecha sobre la materia.

Las comunidades indígenas tienen derecho a un territorio exclusivo que les sirva de asentamiento en el que puedan desarrollar sus actividades productivas. Tienen derecho a darse sus propias formas de organización, a fijarse sus propios reglamentos y a elegir sus autoridades. Los asiste un característico grado de autonomía en el manejo de sus asuntos internos. Gozan del derecho a estudiar sus propias condiciones de vida y a darse modelos de desarrollo que armonicen con ellas. Con todo derecho, merecen el respeto y el reconocimiento de la integridad de su territorio, de su organización, costumbres y tradiciones, para que ello les permita disfrutar de una vida armónica y apacible. La propiedad de la tierra se fundamenta en la constitución de las áreas ocupadas, con el carácter legal de Resguardos por parte del Gobierno.

Sin embargo, esta política no puede circunscribirse exclusivamente al conjunto de normas expedidas para regular las relaciones del Estado con los indígenas. Este Gobierno considera indispensable y de especial prelación conocer, analizar y evaluar, objetiva y totalmente, el acervo de las costumbres, los usos y sistemas de control social de que estos numerosos grupos disponen, y tomar en consideración sus valores religiosos y culturales, porque son ocultarles los nocivos resultados que traería el quebrantamiento de esos valores y de esas instituciones propias; ello, con el objeto fundamental de permitir a la población indígena beneficiarse, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la ley otorga al resto de la sociedad, de promover el mejoramiento de su nivel de vida y de crear posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier medida tendiente a la asimilación artificial de las diversas etnias indígenas.

Los pueblos indígenas y sus derechos

Los 81 grupos indígenas que habitan a lo largo y ancho del territorio nacional, constituyen en su conjunto una importante población de cerca de cuatrocientas cincuenta mil personas, que representa un valor social y cultural invaluable en el país.

Las comunidades indígenas colombianas que viven y ocupan extensos territorios en la Amazonia, el Litoral Pacífico, las sabanas naturales del oriente del país, la península semidesértica de la Guajira y las tierras en las faldas y valles de la compleja geografía de los Andes, continúan soportando en mayor o menor grado situaciones de marginalidad y desatención del Estado.

Este Gobierno ha sido enfático en señalar que debe garantizarse a los indígenas el goce de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás nacionales, sin detrimento de las medidas especiales de protección que les consagra la legislación colombiana. Así mismo, se debe reconocer el carácter multiétnico de la Nación y apoyar las comunidades indígenas, para que asuman plenamente sus derechos como condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia.

Durante la campaña presidencial expresé que las comunidades indígenas tienen plena capacidad para el ejercicio de sus derechos y son acreedoras al respeto de los mismos, como personas, como colombianos y como indígenas. Por lo tanto, debe garantizarse su derecho al dominio individual o comunal de sus territorios tradicionales, a la administración propia sobre los recursos de estos territorios, a que el Estado les facilite los recursos y la asistencia técnica para alcanzar autosuficiencia económica de acuerdo con sus propios patrones de bienestar social, a la protección de su salud, entendida ésta de manera integral respetando su medicina tradicional, a la autonomía cultural ya una educación conforme con sus modos propios de vivir y ver el mundo.

Por otra parte, el Gobierno Nacional, en su Plan de Economía Social, se ha propuesto como uno de sus grandes objetivos, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, poniendo en marcha una estrategia de desarrollo social que busca el acceso adecuado y suficiente de la población a los activos sociales y económicos, que le permita gozar de los servicios de salud, de educación, bienes básicos y seguridad alimentaria. Las comunidades indígenas, de ninguna manera, deben estar por fuera de estos grandes propósitos y de los grandes planes de mayor prelación, previstos por el Gobierno, como el Plan Nacional de Rehabilitación y el Plan de Desarrollo Rural Integrado.

La política del Gobierno actual

Sobre estas bases ha querido el Gobierno que su política en relación con los indígenas se oriente a la preservación de las zonas tradicionalmente habitadas por las comunidades, a la provisión de servicios sociales básicos, a la protección de sus derechos fundamentales y en especial de su integridad social y cultural y a brindar a estas poblaciones los medios y mecanismos de participación que les permitan decidir sobre las políticas, programas y acciones del Estado que las afecten.

Esta política está estrechamente ligada a la política ambiental, que tiene como propósito el ordenamiento, la protección, la recuperación y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, en especial en los ecosistemas frágiles del medio selvático.

Considera el Gobierno como un compromiso con los colombianos del presente, indígenas y no indígenas, y con las futuras generaciones, proteger los recursos naturales del bosque tropical, que por sus características ha requerido siempre sistemas particulares de manejo de su fragilidad y baja fertilidad. Nada mejor para la consecución de este objetivo que confiar su cuidado a los indígenas experimentados, que han sido sus pobladores por milenios.

A partir de este marco general de política social y de las normas legales existentes, este Gobierno está poniendo en marcha un conjunto de programas que busca garantizarle a los indígenas el acceso a la tierra y sus recursos naturales, el incremento en los niveles de capacitación y organización y el desarrollo de la base productiva de la economía tradicional indígena, con miras a lograr su autosuficiencia. Con estas acciones se espera remover los factores limitantes que obstaculizan el desarrollo y el bienestar de estas comunidades.

En materia de tierras se busca agilizar la entrega, bajo la forma de Resguardos, de las áreas que vienen ocupando tradicionalmente, con fundamento en la Ley 135 de 1961, la Ley 31 de 1967, aprobatoria del Convenio de la OIT celebrado en Ginebra en 1957, y la nueva ley de 4 Reforma Agraria, expedida durante este Gobierno, en la cual se faculta al INCORA para la constitución directa de Resguardos Indígenas. Para la explotación apropiada de estas tierras, el Gobierno está adelantando programas de crédito y asistencia técnica por medio del INCORA. En coherencia con esta política de creación de resguardos el Gobierno no fomentará la colonización en las zonas tradicionalmente habitadas por las mencionadas comunidades. 

Respecto a los derechos de los indígenas en la explotación económica del subsuelo, es decisión inmodificable del Gobierno Nacional que estas comunidades no tengan jamás derechos inferiores a los que, sobre el mismo aspecto, tienen establecidos los demás colombianos.

Así mismo, el Gobierno garantiza a las comunidades indígenas su derecho al usufructo de los recursos naturales renovables que con tengan sus territorios y que, de común acuerdo con cada comunidad, se ordene la vigilancia, la reposición y el uso sostenido de los mismos. Para esto el INDERENA nombrará, con base en la Resolución Número 0997 de septiembre 18 de 1987, inspectores indígenas de los recursos naturales en los Resguardos y elaborará un proyecto para reglamentar parte del Decreto 2811 de 1979, Código de Recursos Naturales Renovables.

De igual manera se reconoce el derecho de los indígenas a organizarse de acuerdo con sus usos y costumbres, en desarrollo de la Ley 89 de 1890, garantizando las condiciones necesarias que les permitan cumplir con las atribuciones que la comunidad les asigne y las que les confiere la legislación nacional.

Para reforzar la participación indígena en la toma de decisiones sobre las políticas y programas que los afecten, se han ido creando una serie de mecanismos con participación indígena tales como los Consejos Municipales de Rehabilitación, los Comités de Política Indigenista y el Subcomité de la Comisión de Estudios y Reforma. de la Legislación Minera.

Además de estos mecanismos de participación, el Gobierno ejercerá una rigurosa vigilancia para que se cumplan las normas que amparan a las comunidades indígenas en el ejercicio de su autodeterminación cultural, social, política y económica.

En el campo de la educación, el Gobierno busca desarrollar programas conforme a las costumbres, necesidades y deseos de las diferentes comunidades. Estos programas tienen como objetivo fortalecer la capacidad social de decisión de los indígenas sobre su propio destino, lo cual conlleva una decidida política del Ministerio de Educación Nacional para poner en ejecución los Decretos Reglamentarios y demás disposiciones de ese Ministerio, orientados a la consecución de dichos objetivos, con la participación de los mismos indígenas.

Con el propósito de facilitar el acceso de los indígenas a la educación media y superior, se creará este año un fondo de becas en el ICETEX que se denominará “Álvaro Ulcué”, en honor al sacerdote mártir de la lucha por la reivindicación de los derechos de los indígenas.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, diseñará y desarrollará programas de atención primaria en salud, de acuerdo con las costumbres y necesidades de las comunidades indígenas. Para este efecto creará el Ministerio un grupo especializado en atención a las comunidades indígenas y adoptará las medidas que sean necesarias para poner en ejecución la Resolución 10.013 de 1981, emanada de ese Ministerio, la cual establece que el servicio de salud debe prestarse teniendo en cuenta las características culturales de cada comunidad.

En apoyo a los anteriores programas se avanzará en la dotación a los indígenas de una infraestructura básica comunitaria que comprenda dispensarios de salud, escuelas, vías de acceso, centros de acopio y mercadeo, acueductos y alcantarillados, casas de cabildo y complejos recreacionales acordes con las necesidades y particularidades de cada población. Para asegurar los recursos financieros que estas acciones demandan, el Departamento Nacional de Planeación llevará, a partir de estos lineamientos, al Consejo de Política Económica y Social, una propuesta de política social y financiera para el sector indígena.

Esta Administración, con la coordinación de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, está adelantando programas para que las autoridades de la República y la sociedad colombiana en general conozcan y respeten los valores culturales de las comunidades indígenas y para que los funcionarios públicos, no importa su posición o su cargo, den cumplimiento a las normas legales que tutelan los derechos de las mismas.

De igual manera, ordena un trato justo a estas comunidades y advierte que sancionará ejemplarmente los actos discriminatorios contra los indígenas. La lucha contra la discriminación comprenderá, además, una campaña educativa encaminada a remover los prejuicios culturales y sociales que favorecen tales actitudes.

Reordenamiento de la Administración Pública que atiende las comunidades indígenas

En armonía con las directrices del Plan de Economía Social, se están realizando las gestiones necesarias para hacer de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno un organismo eminentemente técnico, con la dotación y la capacidad administrativa y financiera suficientes para que asuma la coordinación general de la acción del Gobierno en materia de indígenas.

Consideramos fundamental apoyar la investigación científica, en colaboración con las comunidades indígenas, en las áreas de antropología, ecología y ciencias afines, y el fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a estas actividades, para que la acción del Gobierno en las comunidades culturalmente diferenciadas y los ecosistemas frágiles se fundamente en conocimientos precisos.

Los quinientos años

Con miras a la conmemoración de los quinientos años del arribo de los europeos al Continente Americano, hecho de trascendental significación en la conformación de nacionescomo la nuestra, y que permitió el encuentro de tres culturas, la indígena, la europea y la africana, estoy ordenando a todas las entidades gubernamentales trabajar en las directrices arriba mencionadas, orientadas a beneficiar a las comunidades indígenas con hechos concretos y tangibles para llegar a la década del noventa con un trato justo, acorde con las necesidades y aspiraciones de las comunidades indígenas.

Espera este Gobierno que, cuando se conmemore este acontecimiento, ya haya sido entregado a la totalidad de las comunidades indígenas del país, un territorio dónde vivir libremente, conforme a sus tradiciones y costumbres, con medidas positivas de defensa y protección de los recursos naturales de los territorios indígenas y con el pleno reconocimiento de sus formas de organización social y de sus valores culturales. Es necesario que los colombianos revaloremos la imagen que tenemos de la población indígena y es un propósito del Gobierno dar a conocer el valor real y los aportes de los pueblos amerindios en la conformación de nuestra nacionalidad.

Bases para una política amazónica

Con la entrega de los resguardos del Predio Putumayo, Monocha, Aduche, Puerto Sábalo o Los Monos, Villazul y del Yaigojé o Apaporis se completan más de doce millones de hectáreas constituidas bajo la figura de Resguardos Indígenas y Parques Naturales en el Amazonas colombiano y se da un paso definitivo en la ejecución de una política amazónica, que reconoce los derechos de las comunidades aborígenes y busca establecer un manejo racional, equilibrado y sostenido de los recursos naturales.

Antes de la entrega del Predio Putumayo, los resguardos indígenas en la Amazonia colombiana se extendían por algo más de 5 millones de hectáreas, situación que ganó para Colombia expresiones de admiración, respaldo, felicitación y gran acogida de la comunidad científica internacional. Considero, por lo tanto, que este reconocimiento internacional es hoy aún mayor con motivo de que el país ha duplicado el área de protección y desarrollo de las comunidades indígenas y de conservación del medio natural.

Esta protección no desconoce en ningún momento el derecho que tiene la población indígena y no indígena de gozar de los beneficios de la sociedad moderna, pero ese derecho naturalmente está enmarcado dentro de programas que no violan los principios que he enunciado. Para orientar estos programas se está ordenando al Departamento Nacional de Planeación, a DAINCO, a las Divisiones de Asuntos Indígenas, al lNDERENA y a COLCIENClAS, diseñar un plan de manejo especial para las zonas protegidas y sus áreas aledañas.

En el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, el Gobierno de Colombia, al que actualmente corresponde ejercer la Secretaría del Tratado, se propone estimular la adopción de todas las acciones necesarias para desarrollar los territorios amazónicos dentro del fiel cumplimiento de las respectivas disposiciones nacionales de protección a las culturas indígenas y a los recursos naturales. Igualmente, sugiere el estudio conjunto de la situación de los pueblos indígenas que se encuentran en las regiones amazónicas de cada uno de estos estados, para construir un modelo para el mejoramiento de dichas comunidades. 

Conclusión

Cuánto complace la Gobierno Nacional y al Presidente de la República en particular, haber apresurado la culminación de este gran acto de justicia, consistente en la entrega a las comunidades indígenas de la Amazonia de las tierras que han sido su cuna, su hogar, el asiento fundamental de su sociedad y en las que, por tantos años, sus antepasados y abuelos sufrieron no sólo los rigores de la naturaleza sino hasta el atropello de nacionales y extranjeros. A esos antepasados rindo hoy un homenaje de gratitud y admiración por su valentía y tenacidad, que fueron indudablemente pilares útiles para que se forjara nuestra nacionalidad.

Todos los planteamientos mencionados, que constituyen la política del Gobierno Nacional, deben entenderse por los señores Ministros de Gobierno, Agricultura, Educación, Salud y Trabajo, así como por los Jefes del Departamento Nacional de Planeación y DAINCO y de los demás organismos públicos a quienes corresponda realizar actividades con indígenas; deben entender todos los planteamientos mencionados, repito, como una orden expresa para que busquen y utilicen los mecanismos que faciliten la realización de esta política, la cual será coordinada por la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno.

Señor Gerente General del INCORA:

En forma expresa instruyo a usted para que, en desarrollo de la política del Gobierno Nacional y con el mayor interés, previas las visitas a los terrenos y los trámites pertinentes, delimite las áreas según el querer de las comunidades y entregue a ellas las respectivas escrituras públicas de cesión.

Aquí están sus tierras, queridos compatriotas de las comunidades Witoto, Murui, Muinane, Bora, Ocaina, Andoke, Yucuna, Cabiyarí, Inga, Siona, Letuama, Tanimuca, Macuna y demás que habitan los resguardos del Predio Putumayo y del Apaporis. Sigan amándolas y cuidándolas como hasta ahora, ya que ellas, como siempre, seguirán siendo su mejor albergue porque sólo ustedes conocen sus secretos, sus bondades, sus debilidades y hasta sus más sutiles actitudes.

Ja idéskue (ya me voy)

Discurso del Presidente Virgilio Barco ante el Congreso Nacional,

al tomar posesión de la Presidencia de la República.

Bogotá, agosto 7 de 1986

Desde cuando han existido los registros de la historia todos los grupos sociales han rodeado de solemnes ceremonias los hechos fundamentales que determinan su destino. Esta es una de ellas.

Se le exige al nuevo mandatario, más allá del rito y según acatada costumbre, que manifieste, desde este mismo recinto, cómo va a gobernar. No es tarea fácil. Durante una larga campaña, desde las grandes ciudades hasta las aldeas, recorriendo todos los caminos, ante mujeres y hombres, ante campesinos y obreros, comerciantes e industriales, en fin, ante el pueblo todo, he planteado las tesis de mi partido, que son las mías. El pueblo las acogió con serena esperanza pero sin vanas ilusiones. Estos planteamientos merecieron la más fervorosa y rotunda adhesión.

Más allá de las fronteras con ademan solidario

La primera obligación de un gobernante es la de mantener la integridad del territorio y defender la soberanía. Colombia no ha sido un país expansionista. Ha solucionado siempre sus litigios internacionales por las vías del entendimiento. A nadie ha agredido ni cuenta con arsenales que puedan despertar sospechas o desconfianza con respecto a su auténtica vocación pacifista. Su tradición es de apoyo a las organizaciones internacionales y de acatamiento al derecho que regula la vida de las naciones.

Hemos contribuido a la creación, desarrollo y perfeccionamiento, tanto del Sistema Interamericano como de la Organización de las Naciones Unidas. Siempre hemos estimulado los anhelos integracionistas regionales y subregionales.

Los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias suscitadas entre Estados, han inspirado nuestro comportamiento internacional.

Desprovistos de cualquier intención de interferencia indebida, hemos interpuesto nuestros buenos oficios cuando así lo han demandado naciones amigas, cuya autonomía respetamos y cuya tranquilidad y progreso democrático anhelamos. No es propósito de mi gobierno alterar esta conducta.

Nuestra política exterior ha sido la de mantener relaciones amistosas con todos los países, eso sí, dentro del respeto mutuo a la dignidad, la independencia y la soberanía. La no alineación la consideramos como un elemento de equilibrio en el sistema internacional y de apertura al diálogo entre los países industrializados y los países en desarrollo. Los intereses de Colombia están por encima de cualquier consideración emotiva o circunstancial.

El tráfico de drogas y el terrorismo, graves delitos contra la humanidad, son preocupación principal de todas las naciones. Por ello continuaremos colaborando con los esfuerzos que hace la comunidad de naciones para salvar a nuestra civilización de sus perversos efectos.

El fortalecimiento de la amistad con nuestros vecinos, las relaciones con todas las naciones del Caribe y la urgencia de propiciar un mayor acercamiento al área del Pacifico, son asuntos prioritarios de nuestra agenda internacional.

Venezuela y Colombia son aliados naturales. Lo que nos une vale más, incomparablemente más, que aquello que nos separa. La ausencia de entendimiento empobrece no sólo a las gentes de la frontera sino a los dos pueblos. Procuraré alcanzar un acuerdo justo y viable para la delimitación de nuestras áreas marinas y submarinas. Así lo hemos logrado, felizmente, con países con los que estamos unidos por lazos históricos de amistad, tal el caso de Ecuador, Panamá, República Dominicana, Haití, Costa Rica y, en días pasados, la República de Honduras.

Las relaciones económicas internacionales guardarán armonía con nuestras metas de progreso y bienestar. La política exterior del gobierno que hoy comienza se sustentará en nuestras mejores tradiciones, sobre la base de un gran consenso nacional, con miras a preservar los intereses superiores de la patria.

La obligación del gobernante

Mi tarea incansable será la de proteger a todas las personas, en el ámbito de la República, en su vida, honra y bienes. Este no es un propósito sino una obligación impuesta a toda autoridad, cualquiera que ella sea.

Agrego que me corresponde preservar la libertad, buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que, como tales y en un mundo insatisfecho, nunca se alcanzarán cabal mente. Pero tienen que ser el propósito de la permanente obra del Gobierno.

El sendero de la democracia

Precisar con anticipación el derrotero minucioso de la acción del gobierno, en una época de incertidumbre e inestabilidad, seria adoptar esquemas dogmáticos que sujetarían al país a rígidos moldes y lo llevarían inevitablemente a la desilusión y al desastre. Un gobierno debe ser firme en los propósitos pero flexible en la manera de procurarlos.

En nuestra convulsionada historia política, en una Nación que han contribuido a modelar nuestros dos partidos, hemos pasado por duras confrontaciones, con sus guerras civiles declaradas y no declaradas; por el predominio absoluto de un partido; por provisionales etapas de conciliación, hasta llegar a la fórmula innovadora del Frente Nacional.

Ese sistema, que restableció las instituciones después de un período durante el cual estuvieron prácticamente abolidas, fue producto de pactos que se llevaron a una formulación constitucional, con vigencia transitoria.

Esa rigidez constitucional desapareció. La reemplazó una norma que limita la facultad discrecional del Presidente para constituir el gobierno. Insistentes y variados sectores políticos que son expresión de un querer colectivo casi unánime, reclaman su derogatoria para que tenga vigencia la democracia plena. Participo de esta orientación. Así lo he expresado y así lo sabe la Nación.

En los últimos 30 años la sociedad se ha transformado, las generaciones se han sucedido y con ellas las formas de vida y la estructura misma del país. Nada ha seguido igual. El país de hoy no es el de entonces. ¿Cómo pretender, pues, la continuidad de un precepto que restringe el pleno ejercicio de la democracia, y que sólo se justificó en esa etapa de nuestra historia? 

La participación en un mandato popular

Como gobernante debo acatar la norma constitucional vigente en su letra y en su espíritu. Por eso, en el decreto mediante el cual designé los Ministros del Despacho daré participación adecuada y equitativa al partido que siguió en votos al del Presidente, no obstante la declaración del Directorio Nacional Conservador.

Me propongo, porque así lo permite la Constitución, organizar un gobierno que ejecutará, con espíritu nacional, el programa liberal que sirvió de bandera para que el pueblo, libre y democráticamente, me eligiera para gobernarlo en el próximo cuatrienio. La decisión sobre si coopera o no en la ejecución de esa tarea, como también lo contempla la Constitución, le corresponde al Partido Conservador. La democracia ofrece la posibilidad, cuando hay un sistema de dos partidos predominantes, de que uno de ellos ejerza el gobierno y el otro la oposición; que uno sea mayoría y que el otro pueda, si el pueblo así lo quiere, convertirse, en su oportunidad, en alternativa de gobierno. Se le da así a un país la opción de escoger, de corregir el rumbo, de hacer responsable al gobierno, de cambiar, porque en una democracia no hay situaciones irreversibles.

Esta decisión, la de que exista un partido de oposición, no me corresponde a mí. Pero si el Partido Conservador u otras fuerzas políticas deciden tomar el camino de la oposición, siempre dentro de los límites constitucionales y legales, el gobierno les garantizará el ejercicio de esa función y ese derecho fundamentales. La democracia rechaza las hegemonías y el partido de gobierno no puede arrogarse la potestad de dominar toda la vida de la sociedad. La discusión, la diversidad, los conflictos, son de su esencia. Los reconoce y, aún a veces, los estimula; no los niega ni los coarta. De ellos deriva su dinamismo. Ellos son legítimos. Lo que ofrece la democracia son procedimientos para tramitar, dentro de un ambiente de convivencia, las distintas aspiraciones y la inconformidad. En la democracia se le encomienda a un partido que ejerza el gobierno y oriente al país. Pero en ella la administración no es ni puede ser botín de un partido. Servir desde el Estado es un derecho y una oportunidad a la que debe tener acceso todo ciudadano capaz, sin distinción de partido, de opiniones, de clases, de raza o de convicciones religiosas. Este es el marco: un gobierno de orientación de partido, con una administración sin exclusivismos, abierta a todos, y uno y otra, gobierno y administración, consagrados al servicio severo y pulcro de toda la Nación.

Para ampliar la democracia

El proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia tiene que ser aún más profundo. Y esto se logrará con una más amplia participación ciudadana. Mi gobierno impulsará la tarea legislativa dirigida a reglamentar tanto la elección de Alcaldes como la consulta popular en el nivel municipal. Propiciará, también, la creación de una circunscripción nacional que permita a las minorías obtener una adecuada representación en el Congreso.

Estimo, igualmente, que la institución del Estado de Sitio debe ser reformulada mediante la introducción de mecanismos constitucionales intermedios y graduales que permitan afrontar diversas situaciones de perturbación. El Estado de Sitio, recurso extremo y excepcional, debe estar reservado sólo para las grandes conmociones.

Estas, u otras similares, son las reformas que promoverá el Gobierno, así provengan de la iniciativa del legislador o de la suya propia. La Constitución, con sus reformas sustanciales, ha llegado a ser un cuerpo de normas que cuenta con el acatamiento de la Nación, y que debe ser objeto, por parte de los jueces y del gobierno, antes que de apresuradas modificaciones, de una interpretación ajustada a las transformaciones sociales. El país aspira a que con estos fundamentos se atiendan sus necesidades y se haga efectiva la acción del Estado. Es la hora de las realizaciones y no de las disputas teóricas.

En lo político, corresponde al Congreso dictar las medidas que lleven al bienestar general, a corregir las fallas de nuestra organización, a proveer los recursos para la acertada acción del Estado. Me someteré a su decisión y a su juicio. Solamente solicitaré autorizaciones o haré uso estricto de los recursos excepcionales para consolidar las instituciones, para superar las crisis y para promover el cambio.

Fidelidad al compromiso adquirido

Mi gobierno no buscará pretextos para evadir los compromisos que adquirí como candidato. No haré transacciones por encima del querer de los electores, ni celebraré pactos de dirigentes basados en un supuesto consenso para eludir esa voluntad ciudadana. El gobierno propiciará la discusión, estimulará el debate y sólo buscará acuerdos dentro de la fidelidad al mandato popular.

Como Presidente he recibido ese mandato. Los Congresistas han recibido también un mandato. En las Cámaras están representados nuestros tradicionales partidos y una nueva fuerza política, la Unión Patriótica. Saludamos su presencia. Estos hechos atestiguan y confirman la validez de nuestras instituciones democráticas, que por elecciones libres, como fueron las de marzo y mayo, permitieron ventilar nuestras divergencias políticas. Ese sentimiento democrático ha penetrado en la conciencia de los colombianos.

Ese mismo pueblo, entusiasta e inerme, en dos debates electorales después de agitada y prolongada campaña, y luego, clamorosamente también, en la visita pastoral de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, dio claras muestras de su civismo y de su íntimo y expreso deseo de vivir en paz y de que lo dejen vivir en paz.

Para superar el flagelo económico y la inclemencia social

Miremos la Nación. Somos un país de vastas extensiones, de tierras fértiles, de climas diversos, de variada producción, de grandes recursos naturales y de gente austera y emprendedora. No obstante ese panorama, heredamos viejos problemas y afrontamos nuevas necesidades y desafíos.

El ingreso por habitante, que venía creciendo desde hacía varias décadas, ha caído por debajo del nivel de 1982. Y lo que es peor, la desigualdad de su distribución se ha acentuado.

El gasto público se ha dedicado primordialmente al funcionamiento y se han hecho inversiones desmedidas en sectores de dudosa rentabilidad social y económica.

El déficit fiscal se presenta con características alarmantes para el próximo ejercicio presupuestal. Ha continuado la tendencia al crecimiento desbordado del gasto público que no redunda en beneficio social. El incremento desmedido de los medios de pago amenaza con desatar nuevamente la espiral inflacionaria.

El gobierno tendrá que comprometerse a fondo para adoptar los correctivos apropiados. El sector financiero, no obstante los esfuerzos de saneamiento, esta deteriorado. La deuda externa está alcanzando niveles preocupantes. En el sector descentralizado, la situación de iliquidez y el endeudamiento alcanzan cifras alarmantes.

Al igual que otras sociedades, la nuestra está compuesta por grupos que gozan de bienestar y grupos que sufren carencias de todo género. Pero en nuestro medio se ha llegado a una situación crítica porque inmensos sectores de la población están excluidos de los beneficios más elementales, como la nutrición, el agua potable, la salud, la vivienda, el trabajo y el esparcimiento. Padecen de la pobreza absoluta. Son grupos privados de las ventajas de la vida en sociedad.

Semejante deformación exige un tratamiento fundado no sólo en sentimientos humanitarios o exhortaciones de lamas alta estirpe espiritual, sino, también, dictado por la razón de ser del Estado y la preservación de la sociedad.

El salario real de todos los trabajadores colombianos ha disminuido. Hay un deterioro en las condiciones del trabajo y de los ingresos, y sobre nosotros pesa duramente el flagelo del desempleo, al cual no han escapado ni siquiera las naciones más avanzadas e industrializadas. Sus gobiernos reconocen el fracaso de todas las estrategias que han imaginado para generar nuevas fuentes de ocupación. Para nosotros este es, al lado de la erradicación de la pobreza absoluta, uno de los grandes retos que debemos afrontar. El desempleo tiene hoy lamas alta tasa de los últimos cincuenta años y afecta especialmente a los jóvenes y a los profesionales.

La política de ajuste, con toda su severidad, se hizo caer en forma casi exclusiva sobre los grupos más vulnerables de la población. Esa estrategia, por tanto, no puede continuar siendo aplicada.

El gasto público será reorientado hacia las áreas sociales: producción de alimentos, nutrición, salud, vivienda, agua potable, caminos de penetración y educación primaria, sobre todo en las zonas rurales y marginales.

Pondremos en marcha un programa de emergencia en materia de empleo, que requerirá la solidaridad de empleadores y trabajadores con los más necesitados.

Una economía y unos recursos del Estado canalizados bacía los sectores que generan más empleo y con los propósitos sociales que aquí se han señalado, aliviarán las duras condiciones de quienes sobreviven en la pobreza absoluta.

Para hacer posibles estos programas se requiere un nuevo esquema tributario que el Gobierno llevará a las Cámaras. Se buscará hacer más equitativas las cargas y crear un clima propicio a la inversión y al bienestar. Se propondrá, igualmente, un nuevo Estatuto del Presupuesto y de control del gasto público, para que la política presupuestal sea el instrumento del manejo adecuado y eficaz de los recursos fiscales.

Los ingresos cafeteros orientados, en primer término, a garantizar al caficultor la obtención de precios remunerativos, deben utilizarse tomando en consideración los más amplios intereses de la comunidad. Los recursos provenientes del sector energético, resultado de un gran esfuerzo colectivo, tendrán que emplearse con un criterio que vaya más allá de la inmediata conveniencia de ese sector y de sus instituciones.

Por ser la vivienda una necesidad esencial y la construcción una fuente de trabajo, será indispensable introducir propuestas legislativas que faciliten a las entidades públicas la adquisición de tierras urbanas y suburbanas, aprovechables para vivienda social y con posibilidades de obtener servicios públicos y medios adecuados de transporte. Así se hará.

Si una reforma urbana es ineludible, es igualmente urgente una reforma agraria. No tener acceso a la tierra priva a miles de familias campesinas de un ingreso razonable y llega a generar situaciones de violencia. Hay que crear procedimientos equitativos y expeditos de expropiación y distribución de la tierra, que permitan realizar este permanente y viejo anhelo. Pero al mismo tiempo hay que hacer uso de los más importantes avances tecnológicos para llevar la modernización y el estímulo al sector rural.

Es urgente incorporar a la actividad económica nuevas tierras. Las tenemos fértiles y en vastas extensiones, pero muchas permanecen inexplotadas. La construcción de vías y la regulación de aguas son obras que hay que emprender para ampliar la promisoria frontera agrícola de Colombia.

La ley y la justicia pilares de la convivencia Habrá que explorar, recurrir a la imaginación, estar dispuestos a ensayar. Fundamentalmente, se requiere un gran esfuerzo de toda la sociedad. Pero la primera exigencia es el fortalecimiento del orden civil. Es este el problema de la paz pública.

El nuestro, a pesar de todas sus deficiencias, es un Estado Constitucional en el cual pueden convivir todas las tendencias, desde las más aferradas al pasado hasta aquellas deseosas de introducir cambios radicales. El fundamento de la convivencia es el respeto a las normas, así se pretenda lograr virajes sustanciales. Por eso, las instituciones deben tener plena vigencia o recobrarla cuando se ha perdido.

Si todos obramos dentro de las instituciones; si ceñimos nuestro comportamiento a los mandatos constitucionales y legales; si ventilamos nuestros desacuerdos por la vía política; si tramitamos nuestras controversias, conflictos y quejas haciendo uso de los recursos e instancias judiciales; si nos comprometemos en una auténtica y vigorosa empresa de cambio social, político y económico; si obramos con patriotismo, sinceridad y honestidad, podremos recuperar la vida armónica de una sociedad civilizada.

Cuando se perturba el funcionamiento de las instituciones, cuando se quiebra la convivencia entre los ciudadanos, la búsqueda de su restablecimiento y de la reconciliación debe ser tarea primordial y permanente del Estado.

El Gobierno debe estar siempre dispuesto a examinar nuevas perspectivas y a considerar propuestas de entendimiento. Nuestro empeño de reconciliación debe continuar dentro de lineamientos claros e institucionales. Porque se trata precisamente de recuperar la normalidad y restablecer la convivencia.

Hay que poner en marcha un plan que permita la reincorporación de quienes han escogido el camino de la subversión armada. Para que se incorporen a la plenitud de la vida civil. Para que puedan hacerlo dentro de un ambiente de seguridad, y así ejerzan, como ciudadanos, los derechos que les corresponden en la actividad social, política, económica y cultural, al igual que todos los millones y millones de colombianos que han vivido en paz, que han preferido y siguen prefiriendo vivir en paz.

Para hacer efectiva esta perspectiva, consolidar lo alcanzado y avanzar, se creará un organismo dependiente directamente del Presidente de la República, que dirigirá y coordinará los planes políticos, sociales y económicos que contribuyan a la normalidad, y promuevan la rehabilitación de las zonas y las gentes azotadas por la violencia. Para ello no deben escatimarse esfuerzos ni recursos.

En este empeño, corresponde a los jueces un aporte decisivo. Que quien viole la ley, que quien sobrepase e infrinja las normas institucionales, quienquiera que él sea, cualquiera que sea su categoría o posición, reciba la correspondiente sanción.

La paz y la convivencia reposan en una justicia eficaz, imparcial y pronta. El Estado debe dar a los jueces, siempre, y con mayor razón en estas circunstancias excepcionales en que se hace más necesaria su función, los instrumentos apropiados para que desempeñen con eficacia y seguridad sus deberes.

Para lograr estos objetivos, el gobierno garantizará, en primer término, la independencia de los jueces. Hay que rodearlos de dignidad, protegerlos, asegurar su eficacia. Será un propósito de este gobierno, propiciar el cumplimiento de estos necesarios presupuestos para la vida en comunidad.

La fuerza al servicio del derecho y de la justicia

Al Presidente y a las Fuerzas Armadas, la sociedad les atribuye el encargo de velar por la paz pública. Es un deber ineludible. Ese es el fundamento mismo del origen y razón de ser del Estado. Si ellos no lo cumplen, quienes se sienten agraviados, o quienes ven en peligro sus intereses y derechos, tienden a arrebatar por su propia mano lo que creen que les es debido. Esa pretendida justicia privada es intolerable.

Dentro de este marco, el Estado y su brazo armado deben proceder, estrictamente ceñidos a la Constitución, sometidos rígidamente a la ley, respetando los derechos que corresponden a toda persona como ser humano. Aparentemente el Estado, el Gobierno y las Fuerzas Armadas, están en desventaja. Quienes optan por la rebelión y quienes escogen la vía siniestra del terrorismo, violan derechos esenciales, el derecho a la vida, a la propiedad y a la seguridad. El Estado no puede utilizar métodos semejantes. Si lo hace, pierde su legitimidad, su prestancia moral y el acatamiento de las gentes, que son precisamente, en la paz y en la guerra, los fundamentos esenciales para el ejercicio permanente y sereno de su autoridad.

Dentro de estos preceptos, las Fuerzas Armadas y el Presidente de la República, a quien la Constitución autoriza disponer de ellas para conservar en todo el territorio el orden público, preservarán la vigencia de las normas que protegen por igual a todos los colombianos, sin exclusión alguna.

La misión de la autoridad civil, apoyada cuando sea el caso en el poder reglamentado del estamento militar, consiste esencialmente en la defensa de los derechos y en la exigencia del cumplimiento de los deberes constitucionales de todos. Es la utilización legítima de la fuerza la que genera su aceptación por parte de la ciudadanía. Su uso arbitrario, en cambio, provoca rechazo y lleva a la violencia.

Invitación a la solidaridad nacional

Invito a las instituciones, a los partidos, a las personas, a los grupos y a las organizaciones, para que presten su concurso en la tarea que lleve a la incorporación de todos a la vida civil y a la normalidad institucional. Se trata de una empresa solidaria de todos los colombianos y no de una labor solitaria del Gobierno. En ello, todos, sin excepción, debemos comprometer nuestra responsabilidad.

Los principales destinatarios de esta obra de gobierno serán los más necesitados y las regiones más atrasadas. Hoy más que en el pasado, la sociedad está fragmentada por profundas grietas. Son muchos, muchísimos aquellos que carecen de casi todo lo esencial.

Si nuestra sociedad quiere preservar sus valores y hasta su propia existencia, debe concentrar la principal acción del Estado en crear para esos colombianos condiciones que sean menos amargas. De nada servirá a quienes tienen privilegios amurallarse, aislarse y desentenderse del destino de sus propios compatriotas, obstaculizar el cambio y obstruir las reformas. La autoridad no será guardián de desigualdades aberrantes ni de indebidas ventajas ya establecidas.

Pobreza absoluta: injusticia absoluta

La pobreza extrema no puede aceptarse como una consecuencia inevitable de las desigualdades naturales entre los hombres, ni mucho menos como una característica propia de las sociedades que aún permanecen en el retraso y asediadas por la miseria. En las postrimerías del siglo XX, Colombia no persistirá en fórmulas de comprobada ineficacia.

La presencia de varios Jefes de Estado y de representantes de gobiernos amigos, me anima a proponerles que afrontemos los latinoamericanos con la solidaridad de otros países, la gran batalla contra la pobreza. Durante mi gobierno, éste será un tema prioritario en las deliberaciones regionales, bilaterales y multilaterales. Tengo el convencimiento de que, para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar en los años venideros, el gran desafío es el de superar la barrera que la pobreza nos ha impuesto.

El pueblo artífice de su propio destino

Bien sé que ni el país ni yo tenemos por del ante una tarea fácil. Ni en lo económico, ni en lo fiscal, ni en la misma organización institucional, hay una situación favorable. Si mucho hay para reconstruir, habrá que reconstruirlo. No hay modelos para imitar. Debemos acudir a nuestros propios recursos y a nuestra imaginación.

Es hora de ensayar nuevas y audaces innovaciones. Nos sirve de ejemplo el camino que hemos recorrido como Nación. Ha sido largo y, en ocasiones, dolorosa. Hemos tenido reveses pero siempre los hemos superado. Debemos tener la capacidad de la memoria y la capacidad de la fe. La memoria para recordar con orgullo lo que hemos sido y la fe para seguir adelante.

Nuestro punto de referencia no puede ser el de nuestras frustraciones. Afirmados y animados por lo que hemos hecho y hemos logrado, debemos mirar con esperanza el porvenir.

He pedido al pueblo, y desde aquí lo hago nuevamente, que tome parte activa en la vida pública del país. Esta no es, como muchos temen, una apelación al desorden. Por el contrario, tengo inmensa confianza en mi pueblo. Por ello puedo demandarle que, ordenadamente, se movilice en defensa de sus propios intereses.

Debemos tener confianza. Los pueblos y los hombres sólo son vencidos cuando aceptan la derrota de antemano. Esa no ha sido nuestra historia. Ese no es nuestro carácter.

Solidaria, la Nación logrará las metas del cambio y de la transformación que no dan espera. A mí me corresponde darle el gran impulso. Otros tendrán que seguirlo. Si así lo hacemos, la nuestra y las nuevas generaciones, la juventud que debe reemplazarnos, disfrutarán de unas formas de vida justas y equitativas, aceptadas por todos, no en forma apática y resignada, sino con optimismo y entusiasmo.

Estos son mis propósitos. Como a todo funcionario del Estado, se le exige también al Presidente que jure cumplir sus deberes en nombre del Dios Bienhechor de todos nosotros, en bien de la Patria y de todos los colombianos. Así lo he hecho, ante el Congreso de la República, que es la legítima representación del pueblo. Que Dios y mis compatriotas me acompañen en esta tarea.