Intervención en el Corregimiento de La Chorrera, Municipio de Leticia,
Comisaría del Amazonas, al hacer entrega del "Predio Putumayo" a las Comunidades Indígenas.
La Chorrera, abril 23 de 1988
Señores Gobernadores Indígenas
Señores Ministros del Despacho
Señores Senadores
Señor Almirante Comandante del CUS
Señor Jefe de Dainco
Señores Gerentes de la Caja Agraria, del Inderena y del Incora,
Señores Representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia
Autoridades indígenas, civiles, eclesiásticas y militares
Compatriotas
Ha bitikwe. Ñúefue, úa rafúe, ómoimo yoitikwe: ikoiri, omói énie, ha órnoie.
La historia del Predio Putumayo es la historia del país, íntimamente ligada a la de las relaciones colombo-peruanas y particularmente referida a cuestiones fronterizas.
Grupos indígenas lo han mantenido y conservado, dentro de su particularísima sabiduría ancestral sobre manejo de la naturaleza, durante todos los años de su existencia; aún con demérito de su casta y con merma de su número, por razón de los injustos ataques de todo orden, los indígenas están aquí y el predio los ha acogido y alimentado: tierra e indígenas se pertenecen. Esta es, pues, la razón para que el Estado Colombiano haya dispuesto reconocer formalmente a los indígenas la condición de propietarios, bajo la modalidad de Resguardos, del Predio Putumayo. Para que la realidad milenaria de la Posesión reciba el ingrediente formal de la titularidad del dominio; para que ellos busquen y obtengan la seguridad del bienestar; para que así, el Predio se conserve en beneficio del ecosistema.
Resulta bien propicia la oportunidad que tenemos en el día de hoy, en el que tiene lugar un importante acontecer nacional, para reseñar los lineamientos generales de una política gubernamental respecto de los indígenas y señalar los compromisos en desarrollo de ella.
Principios básicos
El Gobierno Nacional es consciente de que la política del Estado Colombiano, en cuanto a los indígenas, se ha fundamentado en los siguientes principios básicos que han orientado la legislación expedida hasta la fecha sobre la materia.
Las comunidades indígenas tienen derecho a un territorio exclusivo que les sirva de asentamiento en el que puedan desarrollar sus actividades productivas. Tienen derecho a darse sus propias formas de organización, a fijarse sus propios reglamentos y a elegir sus autoridades. Los asiste un característico grado de autonomía en el manejo de sus asuntos internos. Gozan del derecho a estudiar sus propias condiciones de vida y a darse modelos de desarrollo que armonicen con ellas. Con todo derecho, merecen el respeto y el reconocimiento de la integridad de su territorio, de su organización, costumbres y tradiciones, para que ello les permita disfrutar de una vida armónica y apacible. La propiedad de la tierra se fundamenta en la constitución de las áreas ocupadas, con el carácter legal de Resguardos por parte del Gobierno.
Sin embargo, esta política no puede circunscribirse exclusivamente al conjunto de normas expedidas para regular las relaciones del Estado con los indígenas. Este Gobierno considera indispensable y de especial prelación conocer, analizar y evaluar, objetiva y totalmente, el acervo de las costumbres, los usos y sistemas de control social de que estos numerosos grupos disponen, y tomar en consideración sus valores religiosos y culturales, porque son ocultarles los nocivos resultados que traería el quebrantamiento de esos valores y de esas instituciones propias; ello, con el objeto fundamental de permitir a la población indígena beneficiarse, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la ley otorga al resto de la sociedad, de promover el mejoramiento de su nivel de vida y de crear posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier medida tendiente a la asimilación artificial de las diversas etnias indígenas.
Los pueblos indígenas y sus derechos
Los 81 grupos indígenas que habitan a lo largo y ancho del territorio nacional, constituyen en su conjunto una importante población de cerca de cuatrocientas cincuenta mil personas, que representa un valor social y cultural invaluable en el país.
Las comunidades indígenas colombianas que viven y ocupan extensos territorios en la Amazonia, el Litoral Pacífico, las sabanas naturales del oriente del país, la península semidesértica de la Guajira y las tierras en las faldas y valles de la compleja geografía de los Andes, continúan soportando en mayor o menor grado situaciones de marginalidad y desatención del Estado.
Este Gobierno ha sido enfático en señalar que debe garantizarse a los indígenas el goce de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás nacionales, sin detrimento de las medidas especiales de protección que les consagra la legislación colombiana. Así mismo, se debe reconocer el carácter multiétnico de la Nación y apoyar las comunidades indígenas, para que asuman plenamente sus derechos como condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia.
Durante la campaña presidencial expresé que las comunidades indígenas tienen plena capacidad para el ejercicio de sus derechos y son acreedoras al respeto de los mismos, como personas, como colombianos y como indígenas. Por lo tanto, debe garantizarse su derecho al dominio individual o comunal de sus territorios tradicionales, a la administración propia sobre los recursos de estos territorios, a que el Estado les facilite los recursos y la asistencia técnica para alcanzar autosuficiencia económica de acuerdo con sus propios patrones de bienestar social, a la protección de su salud, entendida ésta de manera integral respetando su medicina tradicional, a la autonomía cultural ya una educación conforme con sus modos propios de vivir y ver el mundo.
Por otra parte, el Gobierno Nacional, en su Plan de Economía Social, se ha propuesto como uno de sus grandes objetivos, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, poniendo en marcha una estrategia de desarrollo social que busca el acceso adecuado y suficiente de la población a los activos sociales y económicos, que le permita gozar de los servicios de salud, de educación, bienes básicos y seguridad alimentaria. Las comunidades indígenas, de ninguna manera, deben estar por fuera de estos grandes propósitos y de los grandes planes de mayor prelación, previstos por el Gobierno, como el Plan Nacional de Rehabilitación y el Plan de Desarrollo Rural Integrado.
La política del Gobierno actual
Sobre estas bases ha querido el Gobierno que su política en relación con los indígenas se oriente a la preservación de las zonas tradicionalmente habitadas por las comunidades, a la provisión de servicios sociales básicos, a la protección de sus derechos fundamentales y en especial de su integridad social y cultural y a brindar a estas poblaciones los medios y mecanismos de participación que les permitan decidir sobre las políticas, programas y acciones del Estado que las afecten.
Esta política está estrechamente ligada a la política ambiental, que tiene como propósito el ordenamiento, la protección, la recuperación y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, en especial en los ecosistemas frágiles del medio selvático.
Considera el Gobierno como un compromiso con los colombianos del presente, indígenas y no indígenas, y con las futuras generaciones, proteger los recursos naturales del bosque tropical, que por sus características ha requerido siempre sistemas particulares de manejo de su fragilidad y baja fertilidad. Nada mejor para la consecución de este objetivo que confiar su cuidado a los indígenas experimentados, que han sido sus pobladores por milenios.
A partir de este marco general de política social y de las normas legales existentes, este Gobierno está poniendo en marcha un conjunto de programas que busca garantizarle a los indígenas el acceso a la tierra y sus recursos naturales, el incremento en los niveles de capacitación y organización y el desarrollo de la base productiva de la economía tradicional indígena, con miras a lograr su autosuficiencia. Con estas acciones se espera remover los factores limitantes que obstaculizan el desarrollo y el bienestar de estas comunidades.
En materia de tierras se busca agilizar la entrega, bajo la forma de Resguardos, de las áreas que vienen ocupando tradicionalmente, con fundamento en la Ley 135 de 1961, la Ley 31 de 1967, aprobatoria del Convenio de la OIT celebrado en Ginebra en 1957, y la nueva ley de 4 Reforma Agraria, expedida durante este Gobierno, en la cual se faculta al INCORA para la constitución directa de Resguardos Indígenas. Para la explotación apropiada de estas tierras, el Gobierno está adelantando programas de crédito y asistencia técnica por medio del INCORA. En coherencia con esta política de creación de resguardos el Gobierno no fomentará la colonización en las zonas tradicionalmente habitadas por las mencionadas comunidades.
Respecto a los derechos de los indígenas en la explotación económica del subsuelo, es decisión inmodificable del Gobierno Nacional que estas comunidades no tengan jamás derechos inferiores a los que, sobre el mismo aspecto, tienen establecidos los demás colombianos.
Así mismo, el Gobierno garantiza a las comunidades indígenas su derecho al usufructo de los recursos naturales renovables que con tengan sus territorios y que, de común acuerdo con cada comunidad, se ordene la vigilancia, la reposición y el uso sostenido de los mismos. Para esto el INDERENA nombrará, con base en la Resolución Número 0997 de septiembre 18 de 1987, inspectores indígenas de los recursos naturales en los Resguardos y elaborará un proyecto para reglamentar parte del Decreto 2811 de 1979, Código de Recursos Naturales Renovables.
De igual manera se reconoce el derecho de los indígenas a organizarse de acuerdo con sus usos y costumbres, en desarrollo de la Ley 89 de 1890, garantizando las condiciones necesarias que les permitan cumplir con las atribuciones que la comunidad les asigne y las que les confiere la legislación nacional.
Para reforzar la participación indígena en la toma de decisiones sobre las políticas y programas que los afecten, se han ido creando una serie de mecanismos con participación indígena tales como los Consejos Municipales de Rehabilitación, los Comités de Política Indigenista y el Subcomité de la Comisión de Estudios y Reforma. de la Legislación Minera.
Además de estos mecanismos de participación, el Gobierno ejercerá una rigurosa vigilancia para que se cumplan las normas que amparan a las comunidades indígenas en el ejercicio de su autodeterminación cultural, social, política y económica.
En el campo de la educación, el Gobierno busca desarrollar programas conforme a las costumbres, necesidades y deseos de las diferentes comunidades. Estos programas tienen como objetivo fortalecer la capacidad social de decisión de los indígenas sobre su propio destino, lo cual conlleva una decidida política del Ministerio de Educación Nacional para poner en ejecución los Decretos Reglamentarios y demás disposiciones de ese Ministerio, orientados a la consecución de dichos objetivos, con la participación de los mismos indígenas.
Con el propósito de facilitar el acceso de los indígenas a la educación media y superior, se creará este año un fondo de becas en el ICETEX que se denominará “Álvaro Ulcué”, en honor al sacerdote mártir de la lucha por la reivindicación de los derechos de los indígenas.
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, diseñará y desarrollará programas de atención primaria en salud, de acuerdo con las costumbres y necesidades de las comunidades indígenas. Para este efecto creará el Ministerio un grupo especializado en atención a las comunidades indígenas y adoptará las medidas que sean necesarias para poner en ejecución la Resolución 10.013 de 1981, emanada de ese Ministerio, la cual establece que el servicio de salud debe prestarse teniendo en cuenta las características culturales de cada comunidad.
En apoyo a los anteriores programas se avanzará en la dotación a los indígenas de una infraestructura básica comunitaria que comprenda dispensarios de salud, escuelas, vías de acceso, centros de acopio y mercadeo, acueductos y alcantarillados, casas de cabildo y complejos recreacionales acordes con las necesidades y particularidades de cada población. Para asegurar los recursos financieros que estas acciones demandan, el Departamento Nacional de Planeación llevará, a partir de estos lineamientos, al Consejo de Política Económica y Social, una propuesta de política social y financiera para el sector indígena.
Esta Administración, con la coordinación de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, está adelantando programas para que las autoridades de la República y la sociedad colombiana en general conozcan y respeten los valores culturales de las comunidades indígenas y para que los funcionarios públicos, no importa su posición o su cargo, den cumplimiento a las normas legales que tutelan los derechos de las mismas.
De igual manera, ordena un trato justo a estas comunidades y advierte que sancionará ejemplarmente los actos discriminatorios contra los indígenas. La lucha contra la discriminación comprenderá, además, una campaña educativa encaminada a remover los prejuicios culturales y sociales que favorecen tales actitudes.
Reordenamiento de la Administración Pública que atiende las comunidades indígenas
En armonía con las directrices del Plan de Economía Social, se están realizando las gestiones necesarias para hacer de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno un organismo eminentemente técnico, con la dotación y la capacidad administrativa y financiera suficientes para que asuma la coordinación general de la acción del Gobierno en materia de indígenas.
Consideramos fundamental apoyar la investigación científica, en colaboración con las comunidades indígenas, en las áreas de antropología, ecología y ciencias afines, y el fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a estas actividades, para que la acción del Gobierno en las comunidades culturalmente diferenciadas y los ecosistemas frágiles se fundamente en conocimientos precisos.
Los quinientos años
Con miras a la conmemoración de los quinientos años del arribo de los europeos al Continente Americano, hecho de trascendental significación en la conformación de nacionescomo la nuestra, y que permitió el encuentro de tres culturas, la indígena, la europea y la africana, estoy ordenando a todas las entidades gubernamentales trabajar en las directrices arriba mencionadas, orientadas a beneficiar a las comunidades indígenas con hechos concretos y tangibles para llegar a la década del noventa con un trato justo, acorde con las necesidades y aspiraciones de las comunidades indígenas.
Espera este Gobierno que, cuando se conmemore este acontecimiento, ya haya sido entregado a la totalidad de las comunidades indígenas del país, un territorio dónde vivir libremente, conforme a sus tradiciones y costumbres, con medidas positivas de defensa y protección de los recursos naturales de los territorios indígenas y con el pleno reconocimiento de sus formas de organización social y de sus valores culturales. Es necesario que los colombianos revaloremos la imagen que tenemos de la población indígena y es un propósito del Gobierno dar a conocer el valor real y los aportes de los pueblos amerindios en la conformación de nuestra nacionalidad.
Bases para una política amazónica
Con la entrega de los resguardos del Predio Putumayo, Monocha, Aduche, Puerto Sábalo o Los Monos, Villazul y del Yaigojé o Apaporis se completan más de doce millones de hectáreas constituidas bajo la figura de Resguardos Indígenas y Parques Naturales en el Amazonas colombiano y se da un paso definitivo en la ejecución de una política amazónica, que reconoce los derechos de las comunidades aborígenes y busca establecer un manejo racional, equilibrado y sostenido de los recursos naturales.
Antes de la entrega del Predio Putumayo, los resguardos indígenas en la Amazonia colombiana se extendían por algo más de 5 millones de hectáreas, situación que ganó para Colombia expresiones de admiración, respaldo, felicitación y gran acogida de la comunidad científica internacional. Considero, por lo tanto, que este reconocimiento internacional es hoy aún mayor con motivo de que el país ha duplicado el área de protección y desarrollo de las comunidades indígenas y de conservación del medio natural.
Esta protección no desconoce en ningún momento el derecho que tiene la población indígena y no indígena de gozar de los beneficios de la sociedad moderna, pero ese derecho naturalmente está enmarcado dentro de programas que no violan los principios que he enunciado. Para orientar estos programas se está ordenando al Departamento Nacional de Planeación, a DAINCO, a las Divisiones de Asuntos Indígenas, al lNDERENA y a COLCIENClAS, diseñar un plan de manejo especial para las zonas protegidas y sus áreas aledañas.
En el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, el Gobierno de Colombia, al que actualmente corresponde ejercer la Secretaría del Tratado, se propone estimular la adopción de todas las acciones necesarias para desarrollar los territorios amazónicos dentro del fiel cumplimiento de las respectivas disposiciones nacionales de protección a las culturas indígenas y a los recursos naturales. Igualmente, sugiere el estudio conjunto de la situación de los pueblos indígenas que se encuentran en las regiones amazónicas de cada uno de estos estados, para construir un modelo para el mejoramiento de dichas comunidades.
Conclusión
Cuánto complace la Gobierno Nacional y al Presidente de la República en particular, haber apresurado la culminación de este gran acto de justicia, consistente en la entrega a las comunidades indígenas de la Amazonia de las tierras que han sido su cuna, su hogar, el asiento fundamental de su sociedad y en las que, por tantos años, sus antepasados y abuelos sufrieron no sólo los rigores de la naturaleza sino hasta el atropello de nacionales y extranjeros. A esos antepasados rindo hoy un homenaje de gratitud y admiración por su valentía y tenacidad, que fueron indudablemente pilares útiles para que se forjara nuestra nacionalidad.
Todos los planteamientos mencionados, que constituyen la política del Gobierno Nacional, deben entenderse por los señores Ministros de Gobierno, Agricultura, Educación, Salud y Trabajo, así como por los Jefes del Departamento Nacional de Planeación y DAINCO y de los demás organismos públicos a quienes corresponda realizar actividades con indígenas; deben entender todos los planteamientos mencionados, repito, como una orden expresa para que busquen y utilicen los mecanismos que faciliten la realización de esta política, la cual será coordinada por la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno.
Señor Gerente General del INCORA:
En forma expresa instruyo a usted para que, en desarrollo de la política del Gobierno Nacional y con el mayor interés, previas las visitas a los terrenos y los trámites pertinentes, delimite las áreas según el querer de las comunidades y entregue a ellas las respectivas escrituras públicas de cesión.
Aquí están sus tierras, queridos compatriotas de las comunidades Witoto, Murui, Muinane, Bora, Ocaina, Andoke, Yucuna, Cabiyarí, Inga, Siona, Letuama, Tanimuca, Macuna y demás que habitan los resguardos del Predio Putumayo y del Apaporis. Sigan amándolas y cuidándolas como hasta ahora, ya que ellas, como siempre, seguirán siendo su mejor albergue porque sólo ustedes conocen sus secretos, sus bondades, sus debilidades y hasta sus más sutiles actitudes.
Ja idéskue (ya me voy)